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jueves, 7 de septiembre de 2017
Jurisprudencia actual del TC y Expulsión ex Artículo 57.2 LO 4/2000.
Dentro de la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional existe una marcada y destacada postura claramente delimitada por lo que respecta a las expulsiones ex Artículo 57.2 de la LO 4/2000, que venían siendo fuente de conflictos jurídicos y origen de jurisprudencia dispar de los diversos Tribunal Superior de Justicia en toda España.

Esta nueva interpretación del Tribunal Constitucional –luz a mitad del túnel, no al final- viene representada los las siguientes Sentencias:

- STC 131/2016, Sala Segunda, de 18 de julio de 2016, Recursos de Amparo 5646/2014.

- STC 201/2016, Sala Segunda, de 28  de noviembre de 2016, Recursos de Amparo 201/2016.

- STC 14/2007, Sala Segunda, de 30 de enero de 2017, Recursos de Amparo 1920/2014. 

Los supuestos de hecho de las que parten estas Sentencias tienen como denominador común las siguientes premisas:

a) Expulsión ex Artículo 57.2 de la LO 4/2000, según el cual “constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados”.

b) Extranjero residente legal –Residencia de Larga Duración-, aunque dicha situación, a la vista del pronunciamiento, no resulta imperativa.

c) En todos los supuestos se plantea básicamente la vulneración del Derecho a la tutela judicial efectiva (Artículo 24.1 CE), así como otros Derechos Fundamentales: Intimidad familiar (Artículo 18.1 CE), Derecho a la Igualdad (Artículo 14 CE) y Derecho a la vida digna e integridad física (Artículo 15 CE).

Partiendo de dichas premisas, este grupo de Sentencias se fundamental jurídicamente sobre los siguientes cimientos a destacar:

a) Obligación de valorar todas las circunstancias personales, familiares y de arraigo social con carácter previo a la imposición de la expulsión, ya que este tipo de acto administrativo, o resolución judicial en su caso, limitan el ejercicio o disfrute del Derechos Fundamentales

Como claramente se expresa la STC 131/2016 (FJ 6), “encontraríamos una clara limitación a derechos fundamentales del actor que, como consecuencia de acordarse su expulsión del territorio nacional, se ha visto privado de su autorización de residencia, lo que implica la alteración de su propia condición de ciudadano y de la posibilidad del ejercicio de los derechos y libertades inherentes a la misma, aparte de las consecuencias que la medida tiene en su vida familiar”.


b) No aplicación del supuesto de expulsión ex Artículo 57.2 de manera automática y automatizada, situación que aunque ya superada por la jurisprudencia de los Tribunal Superior de Justicia, había sido recuperada recientemente, no obstante, por alguno de ellos, como es el caso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.


c) Vulneración del Derecho a la tutela judicial efectiva (Artículo 24.1 CE) por la falta de ponderación, tanto por parte de la Administración que impone la expulsión, como por aquellas resoluciones judiciales que no han sabido corregir su deficiente actuación.

En este sentido, la STC 131/2016 (FJ 6) considera que “la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha incurrido efectivamente en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del demandante de amparo, al haberse opuesto, en su labor de fiscalización de los actos administrativos recurridos, a la ponderación de las circunstancias personales del recurrente bajo una interpretación de la norma que no respeta el canon constitucional de motivación del citado derecho fundamental”.

Igualmente, la STC 201/2016 (FJ 3) concluye que conforme “con la doctrina expuesta, la argumentación proporcionada por las resoluciones judiciales impugnadas, que excluye la ponderación de las circunstancias personales y familiares del recurrente por no contemplar el art. 57.2 LOEx una sanción, no puede ser aceptada pues «[a]l estar en juego, asociados a derechos fundamentales como los contemplados en los arts. 18.1 y 24.2 CE (STC 46/2014, FJ 7), una pluralidad de intereses constitucionales como el de protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39.1 CE)», es preciso en todo caso «ponderar las circunstancias de cada supuesto» y «tener en cuenta la gravedad de los hechos» (STC 46/2014, de 7 de abril, FJ 7 y 131/2016, de 18 de junio, FJ 6)”.


d) No se diferencia entre la disyuntiva expulsión ex Artículo 57.2 como sanción o como medida, sino que más bien se ignora de forma delibera dicha distinción por considerarla superflua e innecesaria para la resolución del asunto (STC 201/2016, FJ4: “la ponderación de las circunstancias personales y familiares del recurrente era necesaria al margen de la concreta naturaleza jurídica de la medida de expulsión adoptada”).   


e) El TC elude pronunciarse sobre si existe vulneración de los otros Derechos Fundamentales denunciados, además del Derecho a la tutela judicial efectiva, al considerar que una vez reconocido el amparo no resulta necesario continuar con el estudio del resto de quejas, lo que a ojos de un servidor es una oportunidad perdida por parte del TC para ampliar un reconocimiento mayor, y con mejores garantías, ante este tipo de expulsiones.

ALEJANDRO PEÑA PÉREZ
INFANTE & PEÑA ABOGADOS
807402024 – Abogados expertos en Derecho de Extranjería y Nacionalidad

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