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jueves, 26 de octubre de 2017
STSJ Castilla y León: caducidad de expulsión ex Artículo 57.2 LO 4/2000 a los tres meses.
En enero de 2016 publicaba es este blog un post titulado ‘¿Caduca el procedimiento de Expulsión ex Artículo 57.2 de la LO 4/2000 a los 3 meses?’, cuyo contenido se desprende del propio título.

En el mismo se planteaba, sucintamente, que bajo la premisa mayoritario de la actual jurisprudencia respecto a la consideración de la Expulsión ex Artículo 57.2, no como sanción administrativa, sino como causa o consecuencia legal derivada de la comisión de un delito y prevista por la Ley de Extranjería, si bien se debería aplicar el procedimiento preferente de expulsión previsto en el Artículo 63 de la LO 4/2000, así como su desarrollo reglamentario, no resultaría de aplicación, sin embargo, el Artículo 225.1 del RD 557/2011 que prevé la caducidad del procedimiento sancionador al transcurrir seis meses desde la incoación, sino más bien el Artículo 44.2 de la Ley 30/1992 (actual Artículo 25.1 b) Ley 39/2015), en relación al Artículo 42, apartado 2º y 3º (21.2 y 21.3 Ley 39/2015), que disponen la caducidad de los procedimientos administrativos transcurridos tres meses desde su inicio.

En relación con dicho planteamiento, y habiendo tenido acceso a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de Sevilla, de fecha 23 de octubre de 2017, Procedimiento Abreviado 672/2016 (cortesía del compañero Gonzalo Álvarez-Ossorio), en la misma se estima la pretensión haciéndose eco de la argumentación mantenida en dicho post, citándose además Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sección Primera, de fecha 28 de abril de 2017, Recurso Nº 78/2017, la cual considera lo siguiente:

“SEGUNDO.- El acuerdo de expulsión del apelante se funda en lo dispuesto en el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, que dispone: "Asimismo, constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados", expulsión que, como se ha señalado reiteradamente, no es una sanción que se impone a quien ha infringido la ley ni está tipificada como infracción administrativa, a diferencia de lo que sucede con los supuestos del artículo 57.1 del mismo Texto Legal (v.g. las SSTS de 20 diciembre 2002 , 29 noviembre y 21 diciembre 2004 y 1 marzo 2005 ). Es subsiguiente a la privación de libertad; es una consecuencia legal de esa privación de libertad que, en lugar de ser adoptada por el Juez Penal -como puede serlo en los casos de los artículos 89, 96.3.5 º ó 108 del Código Penal -, lo es por la administración en sus funciones de control de los flujos migratorios y de restablecimiento de la legalidad, estando sometido el control de su actuación a la jurisdicción especializada contencioso-administrativa.

Sostiene el apelante que como la medida de expulsión se ha acordado al amparo del precepto mencionado y no tiene naturaleza sancionatoria no resulta de aplicación el art. 225.1 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, que establece un plazo máximo de seis meses en que debe dictarse y notificarse la resolución que resuelva el procedimiento desde que se acordó su iniciación, sino el plazo de tres meses previsto en el art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, porque el primer precepto citado se encuentra comprendido dentro de las normas comunes del procedimiento sancionador. Procediendo la aplicación del plazo de tres meses, el procedimiento está caducado porque se inició el 3 de noviembre de 2015 y finalizó el 24 de febrero de 2016.

En la sentencia de instancia se considera que resulta de aplicación el art. 225.1 del Reglamento, lo que no comparte esta Sala.

[…]

En el presente caso no puede aplicarse el plazo de 6 meses previsto en el art. 225.1 del Reglamento; dicho precepto se integra en el ámbito de las normas comunes del procedimiento sancionador, dentro del Capítulo Primero del Título XIV del Reglamento, que se refiere a las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador. Como se ha dicho reiteradamente por la jurisprudencia, la medida de expulsión acordada al amparo del art. 57.2 de la LOEX no es una sanción, por lo que no resultan de aplicación las normas reguladoras del procedimiento sancionador, sino, a falta de regulación expresa, la normativa común contenida en lo que aquí interesa en el art. 42.2 de la Ley 30/1992.

En el presente caso, no se cuestionan las fechas de inicio del expediente ni de notificación de la resolución originaria ni se alega que el procedimiento haya estado suspendido por algunas de las causas legalmente previstas, por lo que al haber transcurrido, efectivamente, más de tres meses desde que se inició el expediente y se notificó la resolución en que se acuerda la expulsión, el procedimiento está caducado y procede su archivo, lo que comporta la estimación del recurso de apelación, la revocación de la sentencia de instancia, la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por don […] y la anulación de las resoluciones recurridas”.

Facilito el enlace para acceder a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en CENDOJ.

ALEJANDRO PEÑA PÉREZ
INFANTE & PEÑA ABOGADOS
807402024 – Abogados expertos en Derecho de Extranjería y Nacionalidad

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